Cerámicas O Castro tramitó el permiso a la Consellería de Traballo para despedir a diez de sus trabajadores de mayor edad y someterlos a un plan de prejubilaciones con ayudas del Ministerio de Trabajo y la Xunta que no fue respaldado por la mayoría del comité de empresa. Los directivos de la empresa y los sindicatos firmaron sin acuerdo el acta del fin del periodo de consultas del ERE que la empresa planteó a la parte social el 8 de abril y con el que pretendía poner fin a ocho meses de tiras y aflojas con la plantilla.
El ERE es el primer paso de un plan de prejubilaciones con el que la compañía se compromete a abonar una paga compensatoria a los trabajadores para que perciban un 80% de su salario hasta la jubilación, a los 62 o 63 años, y a asumir el abono del subsidio para desempleados de más de 52 años en el caso de que el Gobierno modifique la legislación y éste desaparezca.
Las condiciones de este plan habían sido acordadas entre las dos empresas en conflicto, Cerámicas Sargadelos (Lugo) y Cerámicas O Castro (Sada), y sus comités de empresa, pero la representación sindical de la factoría coruñesa exigía que las prejubilaciones fuesen voluntarias y que incluyesen a tres trabajadores que habían sido despedidos en septiembre por causas objetivas -y que ahora irán a juicio contra la compañía-. La dirección de Sargadelos se negó a aceptar estas condiciones, sobre todo después de que los tres despedidos y el comité de empresa rechazasen un primer acuerdo que los incluía a principios de abril.
Vía.Laopinióndelacoruña.
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