La firma Dibaq-Diproteg,
radicada en Fuentepelayo (Segovia),
ha presentado un expediente de extinción de empleo, ERE, para 50 trabajadores, lo
que supone más de una cuarta parte de su plantilla.
La empresa, líder en nutrición
animal, entró en concurso de acreedores el pasado 5 de septiembre, a
raíz de lo cual elaboró un plan de viabilidad para el cual requería que Junta
de Castilla y León y entidades financieras aportaran a partes iguales una
cuantía de 3,5 millones de euros. La compañía ha conseguido ya financiación de
dos bancos y un proveedor para poner en marcha este plan, con el que se prevé
garantizar su futuro.
Sin embargo, el pasado 3 de diciembre Dibaq presentó tres
Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), uno que contemplaba la extinción
directa de entre 43 y 50 puestos de trabajo, un segundo que suponía la
suspensión temporal de 89 empleos y un tercero que recogía la reducción
salarial.
La extinción, según solicitó el Comité de Empresa en
consonancia con las demandas de la platilla, se acordó de manera que fuera
voluntaria. Además, la compañía ha accedido a que en este proceso no se incluya
a personas en situación de excedencia o reducción de jornada, que la
indemnización se calcule con el salario actualizado y que no se incluya a los
trabajadores de entre 55 y 60 años salvo que comuniquen expresamente su deseo.
En cuanto al ERE de suspensión, éste no
tendrá una duración superior a diez meses, se fijó el 15 de septiembre
como fecha tope.
Contempla la creación de una bolsa de empleo de 40.000 euros para compensar situaciones
desfavorables de aquellos empleados que están inmersos en la actualidad en un
expediente de suspensión que afecta a sus prestaciones por desempleo. Por
último, en el acuerdo de reducción salarial se recoge que a pesar de esta rebaja
ningún trabajador cobrará menos de lo
establecido en el convenio colectivo en vigor en función de su
categoría y antigüedad; que en el supuesto caso de despido posterior la base de
cálculo de la indemnización sea la que el trabajador tenía antes de la
reducción, y que se reconozca en cualquier caso a la plantilla el derecho a la
recuperación del poder adquisitivo.
Via.Europapress
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